Rob Menéndez, Bonnie Watson Coleman y LaMonica McIver, también estuvieron presentes en la protesta, pero no fueron arrestados
Ras Baraka, el alcalde de Newark, Nueva Jersey, fue liberado el viernes por la noche luego de su arresto mientras protestaba en un centro de detención privado que se espera que desempeñe un papel clave en los planes del presidente Donald Trump para realizar deportaciones masivas.
Tres congresistas demócratas, Rob Menéndez, Bonnie Watson Coleman y LaMonica McIver, también estuvieron presentes en la protesta, pero no fueron arrestados. Baraka, de 55 años, quien pasó varias horas detenido, se dirigió a sus simpatizantes frente a la oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Newark.
“La realidad es ésta: no hice nada malo”, dijo Baraka.
Alina Habba, designada por Trump como fiscal federal interina en Nueva Jersey, dijo que Baraka “cometió intrusión e ignoró múltiples advertencias de Investigaciones de Seguridad Nacional para que se retirara” del centro de detención de Delaney Hall en Newark.
"Ha optado voluntariamente por ignorar la ley", dijo Habba en una publicación en X. "Eso no se tolerará en este estado. Ha sido puesto bajo custodia".
Las acciones intensifican el enfrentamiento entre la administración Trump y Baraka por un centro de 1.000 camas conocido como Delaney Hall, cuyo operador, GEO Group, reabrió recientemente. Baraka, quien se presenta a las primarias demócratas para gobernador de Nueva Jersey el próximo mes, ha protestado varias veces en el centro, y la ciudad ha demandado a Estados Unidos para impedir su uso.
El arresto de Baraka marcó un día de creciente tensión en Delaney Hall. La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que el alcalde y los tres legisladores irrumpieron en el lugar sin permiso y advirtieron que los miembros del Congreso "no están por encima de la ley".
Un portavoz de Watson Coleman refutó esa versión, diciendo que los legisladores se identificaron ante los guardias y estaban realizando una visita de supervisión legal.
“La afirmación de que entraron a la fuerza o irrumpieron en esta instalación fuertemente custodiada es una mentira descarada”, según el portavoz Mike Shanahan.
Desafíos legales
Newark ha interpuesto una demanda para impedir que GEO Group opere las instalaciones, argumentando que la empresa carece de permisos válidos. El 1 de mayo, la empresa comenzó a alojar a detenidos en Delaney Hall, cerca del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, donde el gobierno podría organizar vuelos de deportación.
Baraka ha criticado a GEO Group por negarse a permitir el ingreso de inspectores municipales y ha convertido su enfrentamiento con la empresa en un punto clave de su campaña para gobernador. Acusó a la empresa de lucrarse con la redada de inmigrantes de Trump.
"Es obvio lo que está pasando aquí", dijo Baraka en una entrevista antes de su arresto. "Se están lucrando con la muerte de otros".
Antes del arresto, el portavoz de GEO Group dijo que Delaney Hall tiene un certificado de ocupación válido, cumple con todos los “requisitos de salud y seguridad contratados” y durante años albergó a detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Tras el arresto, un portavoz de la compañía se negó a hacer comentarios. Una portavoz de Habba no respondió a las solicitudes de comentarios. No quedó claro de inmediato qué cargos enfrenta Baraka.
El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, un demócrata, dijo que estaba “indignado por el arresto injusto” de Baraka, y señaló que ha protestado contra las instalaciones durante meses con líderes religiosos y miembros del Congreso.
“El alcalde Baraka es un servidor público ejemplar que siempre ha defendido a nuestros vecinos más vulnerables”, dijo Murphy. “Exijo su liberación inmediata por parte de las fuerzas del orden federales”.
En 2021, Murphy firmó una ley que prohíbe a centros públicos y privados firmar contratos con el ICE para alojar a inmigrantes detenidos. Un juez federal bloqueó dicha ley y Nueva Jersey apeló.
Delaney Hall era una cárcel convertida en centro de detención del ICE cuando GEO Group compró a su propietario, Community Education Centers, en 2017 por US$360 millones. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, esa inversión promete ser rentable. En febrero, el ICE otorgó a la empresa un contrato de 15 años para detener a inmigrantes en el centro, un acuerdo que la empresa valora en más de US$1.000 millones.